La Equidad

La equidad ha tenido muchas interpretaciones en el pensamiento filosófico, político, social y económico, se vincula con temas de gran profundidad teórica y tiene un amplio alcance en la vida social, económica y cultural, así como en las diferentes esferas de la acción pública. Es un principio ético-normativo que ha estado presente en la construcción de sociedades, en las interacciones humanas y en las decisiones sociales. Su definición es compleja, porque se asocia con lo “justo”, además de innecesario y evitable, y por lo tanto, es algo que puede y debe ser dado por la sociedad, mediante su acción, recursos e instituciones.
En general, la definición de equidad tiene dos vertientes a las que haremos mención en este ensayo. En una vertiente se busca alcanzar lo que es proporcionalmente justo entre unos y otros; en la otra, se busca más bien lo que se ajusta a las diferencias de unos y de otros. La primera tiene que ver con las ideas de igualdad y justicia; y la segunda, con la universalidad y la diversidad. Intentaremos conjugar estas dos vertientes para dar con un concepto que refleje el contexto social, económico y político de hoy. El concepto en el que haremos énfasis combina la igualdad con la diversidad, entendiendo la equidad como “igualdad en las diferencias”. Esta concepción le ha ganado el calificativo de “principio de justicia superior”, porque supera lo que la simple igualdad no puede lograr y, a la vez, intenta corregir las visiones excluyentes de la universalidad.

1. La equidad en el eje de la igualdad y la justicia
La equidad se relaciona estrechamente con la “justicia”, y la idea de justicia en las sociedades modernas está basada en la “igualdad”. La igualdad es uno de los fundamentos de la conformación de los Estados-Nación, constituidos por una “comunidad política” de “individuos libres” aunque integrados en virtud de una “voluntad colectiva” que representa el “bien común”. En esta comunidad política, que rompe con los lazos tradicionales del feudalismo, las personas adquieren un estatus de ciudadanos con derechos abstractos e individuales, garantizados por un poder constituido (el Estado) que es concedido por un poder constituyente (el Soberano). El principio de igualdad ha tenido importancia en todas las tradiciones ético-políticas de sociedad. No existe proyecto de sociedad que no haya tomado este principio como uno de sus fundamentos. Lo que es distinto en estas tradiciones son los ámbitos que integran la noción de igualdad, es decir, la igualdad se establece en función de un algo valorado socialmente. Es por eso que para argumentar a favor o en contra de la igualdad, es necesario primero estar de acuerdo o en desacuerdo con los ámbitos substantivos en los cuales se nos considera como iguales: libertad, propiedad, ingresos y riqueza, derechos, poder, oportunidades, bienestar, entre muchos otros. Esto nos permite decir que la igualdad se ubica en el plano de la discusión sobre los “qués” valorados en la vida social, cultural y política.
Así pues, la igualdad en las sociedades modernas se opone a la cultura del origen, de la herencia y de las diferenciaciones jerárquicas en las sociedades pre-modernas o tradicionales; aquellas donde el estatus de las personas depende de la pertenencia a un grupo, etnia o doctrina religiosa, y el poder emana de una fuerza superior moral o divina. La igualdad ha servido para luchar por un trato, acceso o posición igualitaria en relación con un algo que es común y deseado por todos. Pero, en el mundo real y no abstracto, de las tensiones o confrontaciones con las estructuras sociales y sus jerarquías, la igualdad ha tenido que asociarse con prácticas de justicia, que a través de la historia han adoptado las formas de:
(i) Justicia liberal, a favor de la garantía de derechos individuales al bienestar propio dentro de una sociedad de individuos articulados a través del mercado, y en contra de privilegios o abusos de poder del Estado o del propio mercado, más que en resultados de igualdad social o económica. Desde esta perspectiva, la máxima de la equidad es “no privilegiar a unos perjudicando a otros”.
(ii) Justicia distributiva, a favor de cierto equilibrio entre derechos individuales e igualdad social y económica, dentro de una sociedad democrática y de mercado, en contra de disparidades no controladas por las personas que afectan su acceso a bienes valorados, a través de mecanismos de compensación que no afecten las reglas de mercado. En esta visión, la máxima de equidad es “dar a los menos favorecidos bienes básicos igualmente
valorados”.
(iii) Justicia igualitarista, a favor de la igualdad social y económica dentro de una sociedad democrática, igualitaria y solidaria, comprometida ética y políticamente con el destino de todos y especialmente con los oprimidos, como resultado de transformaciones amplias en contra de los mecanismos que reproducen hegemonías de poder y desigualdades sociales, principalmente de base económica. Muchos de los movimientos sociales han surgido en esta práctica. La máxima de equidad aquí, es “dar a cada quien según su necesidad y pedir a cada cual según su capacidad”.

2. La equidad en el eje de la universalidad y la diversidad
La idea más frecuente de universalidad es dar una misma cosa que todos necesitamos o reconocer algo que es igualmente característico en todos. La universalidad se formó como un mecanismo de inclusión de todos en los “qué” de la igualdad. Es decir, permite que los ámbitos de igualdad fundamentales trasciendan a los grupos y contextos particulares, o límites territoriales, para extenderse a todos, sin adscripción a características específicas o particulares. Desde la óptica de la universalidad el “sujeto” es el centro de evaluación y no los ámbitos; por tanto, si para la igualdad la esfera sustantiva son los “qués”, para la universalidad son los “quiénes”. Ahora bien, ¿ese “todos” nos incluye realmente a todos?. Los “qués” de la igualdad se
definieron en las sociedades modernas como algo externo a las personas, a los cuales quedamos sometidos a través de las reglas sociales y económicas, es decir, somos iguales a semejanza de algo central y organizado desde afuera. Alcanzamos mejores condiciones de vida si tenemos mayores ingresos o propiedades, mejor educación si logramos la más alta escolaridad formal y mejor salud si contamos con servicios médicos y medicinas. Esos “qués” fueron hechos para un sujeto humano universal (generalizado e impersonal) que se supone encierra una definición donde cabemos todos. Pero “los diferentes” a los atributos valorados dentro de este sujeto, cayeron en categorías residuales, minoritarias o inferiores, aún sin serlo numéricamente. Así, la modernidad social y económica privilegió al hombre sobre la mujer, la raza blanca o mestiza sobre la negra o indígena, al adulto joven sobre otros grupos etarios, lo urbano sobre lo rural; y llamó “dependientes” a los que no producen renta; “pobres” a los que no tienen capacidad de
consumo; y en general, “vulnerables”, “débiles” o “necesitados”, a los que no tienen medios propios para procurase ingresos, bienes o servicios. Así, la valoración negativa de las diferencias en los ámbitos substantivos de la igualdad, se trasformó en rechazo o exclusión de “los diferentes” al modelo de sujeto central; por género, origen étnico, categoría socioeconómica, política y cultural; y negarlos significa excluirlos de pertenecer a una misma comunidad. El cuestionamiento y malestar con esta universalidad “excluyente” y con una ciudadanía “fracturada”, donde unos son ciudadanos y otros no, se demuestra en las exigencias de grupos y movimientos sociales al reconocimiento e inclusión real de todos, como sujetos sociales con iguales derechos dentro de sus especificidades propias, tan valiosas y legítimas como las del resto de los seres humanos (los niños y niñas, las mujeres, los indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad, etc.). Para ciertos autores estas tendencias excluyentes de la modernización son “deshumanizadoras” porque lo humano es diverso; otros afirman que perpetúa y profundiza las desigualdades; y para otros, constituye una de las principales debilidades de las democracias, centradas más en la representación que en la deliberación, fundamentalmente en los países no desarrollados. Como alternativa, han surgido nuevas perspectivas basadas en la diversidad, como un hecho positivo de la vida y de la humanidad, que fortalece la pluralización del saber y del poder, el ejercicio de los derechos ciudadanos y las posibilidades de alcanzar un bienestar auténtico; que recupere el sentido, las capacidades y las responsabilidades de las personas para ser autores de su propia existencia. La diversidad se relaciona con la voluntad y acción interna, personal y concreta, de cada persona, grupo social, comunidad o pueblo, en su derecho a tener una cultura propia y a decidir sobre su futuro. El reconocimiento de la diversidad es aceptar, según A. Touraine, que “somos iguales entre nosotros porque somos diferentes los unos de los otros”, como personas únicas y completas dentro de nuestra propia existencia y la que compartimos con los otros. En consecuencia, todos tenemos valores, necesidades y aspiraciones distintas y semejantes, igualmente válidas. Tomando la definición clásica de equidad como el recurso para rectificar la aplicación de una norma que por su carácter universal es insuficiente para juzgar cada caso, dentro de la visión de la diversidad, la equidad busca darle un carácter positivo a lo diferente, como característica propia de todos los seres humanos. A esto se refieren algunos autores cuando afirman que: “...la universalidad puede ser injusta si no parte del reconocimiento de las diferencias, lo que es propio de la diversidad y complejidad de lo humano y de los contextos donde la vida se desenvuelve. Si generamos la misma respuesta para todos/as, algunos obtendrán cosas que no necesitan y otros cosas que les serán insuficientes”. Esto implica, reconocer por una parte, la diversidad de los humanos fuertemente relacionada con identidades de género, clase socioeconómica, origen étnico o raza, etc., y por otra, la diversidad de espacios relevantes en los que se puede juzgar la igualdad.
3. La equidad como conjugación de igualdad y diversidad
La equidad es una meta social, que expresa el mayor o menor esfuerzo de una sociedad para impactar en las desigualdades y lograr lo justo, de acuerdo con las valoraciones éticas y políticas contenidas en cada sociedad. En los párrafos anteriores hablamos de dos ejes que cruzan el concepto de la equidad. Un eje tiene que ver con los espacios o ámbitos en los cuales no es justo ser tratados o tener accesos diferentes. Para ello requerimos de reglas de igualdad y de mecanismos para hacer justicia de acuerdo con las exigencias que haga la igualdad substantiva. El otro eje, se relaciona más bien con los sujetos que entran dentro de los criterios de igualdad y justicia, de tal manera que no se generen injusticias al excluir o negar la existencia de personas diferentes con proyectos de vida propios. Para esto es preciso, el reconocimiento de la diversidad de individuos, grupos, pueblos y comunidades con igual derecho a participar en la vida social. En el escenario político e histórico actual de procesos de modernización y globalización económica, amplias y crecientes desigualdades sociales y aumento de las debilidades de la política, de las respuestas del Estado y de la pluralidad de las democracias en los países de América Latina, la equidad invoca a los compromisos de la ética y la responsabilidad con problemas de injusticia en los contextos concretos de nuestras sociedades y de cada uno de los grupos sociales que la integran. En tal sentido, la igualdad ciudadana por si sola no es suficiente para enfrentar las desigualdades que nacen del poder injusto que tienen unos más que otros respecto a un algo valorado socialmente, pero tampoco puede intervenir en todas las formas de injusticia sino atiende también las desigualdades construidas a través del dominio que ejercen unos sobre otros, negando o impidiendo la posibilidad de realización de las personas en sus propias forma de vida por clase, género, edad, etnia y territorio, forzados por una voluntad que les es ajena. Por ello se ha dicho que los movimientos sociales son hoy formas de lucha por la igualdad y la libertad frente a situaciones concretas de discriminación, explotación, exclusión o persecución. Frente a estos problemas, la equidad tiene dos retos: alcanzar justicia garantizando que no haya diferencias donde debe haber igualdad, es decir, que frente a diferencias de acceso o de trato entre unos y otros a ciertos ámbitos valorados de la vida, exista una respuesta social proporcional para lograr eliminar estas diferencias. Pero también busca garantizar que no haya una sola opción donde deben existir diferentes opciones, de tal forma que operen respuestas sociales para que la igualdad sea ajustada a la diversidad de realidades y aspiraciones de cada sujeto. Poner en práctica respuestas orientadas por una ética de equidad, debe partir del reconocimiento de los sujetos sociales y enfrentar las injusticias que limitan, impiden o niegan sus capacidades para la realización de la vida de acuerdo con valoraciones y aspiraciones propias, así como en su apego a la humanidad. En síntesis, la equidad significa igualdad de opciones e igualdad de capacidades para decidir y alcanzar la mayor y mejor expansión posible de realizaciones valiosas (vivir y vivir “bien”), como actores con dominio de nuestras vidas, haciendo que las diferencias sean atendidas con justicia, sobre la base de la proporcionalidad y la diversidad.